Abogado Aviles

Abogado Aviles

DIVERSIDAD FUNCIONAL

La semana pasada acudí a unas jornadas sobre diversidad funcional y modificación de la capacidad organizadas por la Fundación Aequitas (fundación del Consejo general del notariado para la ayuda de las personas necesitadas de especial protección) y el Colegio de Abogados de Oviedo. No sólo asistíamos abogados, sino también trabajadores sociales, médicos (psiquiatras, médicos forenses) y, en definitiva, profesionales que en su día a día trabajan con personas discapaces.

Creo que en los últimos años la situación de las personas discapaces ha cambiado mucho, pero creo también todavía queda mucho por modificar.

Los procesos sobre la capacidad de las personas vienen regulados en los artículos 756 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El procedimiento se inicia en el juzgado del lugar de residencia de la persona a que se refiera y la pueden promover dicha persona, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos o el Ministerio Fiscal.

Es importante detallar en la demanda la situación de la persona en concreto, qué actividades puede realizar y qué actividades no puede llevar a cabo por su situación física o psíquica, así como acompañar informes médicos. El juzgado le citará para que sea valorado por el médico forense y se oirá a los parientes más próximos.

La sentencia declarará la “incapacitación” o prodigalidad y le nombrará, bien un tutor o bien un curador (en función de que se establezca la tutela o la curatela).

La L.E.C, sigue hablando de “incapacitación” aunque ya desde la Convención de Nueva York de 2.006 se aboga por cambiar los términos y hablar de “personas con la capacidad modificada” en lugar de hablar de “incapaces”.

En esta materia la tendencia actual pasa por no anularles totalmente la capacidad a las personas, sino modificarles la capacidad para determinadas actuaciones que no pueden realizar por sí mismos (por ejemplo comprar, vender, aceptar herencias, votar, etc) pero conservársela para otras que sí están en condiciones de seguir realizando. Se trata, en palabras del magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Seijas Quintana, de hacer un “traje a medida” para la persona con la capacidad modificada judicialmente, de forma que pueda seguir llevando a cabo determinadas actuaciones por sí mismo y ser representado por otra persona para aquellas cosas que no puede hacer por sí.

En definitiva, evitar las sentencias a que estamos acostumbrados en este tema, todas iguales, en las que el juez se limitaba a declarar “incapaz” totalmente a la persona y le nombraba un tutor para que le representara en todos los actos de su vida. La tendencia actual aboga más por la curatela que por la tutela. La curatela consiste en la intervención de una persona para asistir puntualmente en determinados actos a la persona con la capacidad modificada judicialmente (al que se declara “pródigo”).

Creo que, como profesionales, tenemos que redactar las demandas de forma que no sea un “corta y pega”, sino que se personalice para esa persona en concreto, profundizar en las actividades que puede realizar y aquellas para las que necesita la asistencia de otra persona, ver en qué estado de la enfermedad se encuentra para valorar con los informes médicos de que disponemos qué es lo que puede y lo que no puede hacer, de forma que la sentencia que se dicte pueda diseñar ese “traje a medida” para esa persona en concreto y que la persona conserve la libertad para hacer lo que sí puede llevar a cabo mientras sus facultades se lo permitan.

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